Corte Internacional de Justicia Resolución de la demanda marítima de Bolivia contra Chile

Pío García

(El autor es economista y sociólogo. Fue embajador de Chile ante la R.F. de Yugoslavia y es actualmente cónsul honorario de su país en Serbia. Traducción del castellano por Marija Dimitrijević.)

Al publicarse estas líneas, la Corte Internacional de Justicia habrá dictado su sentencia, ayer lunes 1o. a las 3 p.m., sobre la demanda presentada por Bolivia contra Chile y caratulada: Obligación de negociar una salida al Océano Pacífico.

El origen histórico de la demanda boliviana se remonta a la Guerra del Pacífico (1879 – 1884), que opuso a Chile contra la alianza de Bolivia y Perú; tras la cual, en 1904, veinte años después de terminadas las hostilidades, se firmó entre Bolivia y Chile un Tratado de Paz y Amistad por el cual Bolivia transfirió a Chile „el dominio absoluto y perpetuo“ de su territorio con litoral y Chile se obligó a permitir a perpetuidad el „más amplio y libre derecho de tránsito comercial“ de Bolivia por su territorio y puertos del Pacífico, la construcción del ferrocarril Arica – La Paz, el financiamiento de una red ferroviaria en Bolivia, se hizo cargo de las obligaciones adeudadas por Bolivia y pagó además una suma considerable en efectivo.

Desde 1920, cuando solicitó a la Sociedad de las Naciones que se revisara el Tratado de 1904, solicitud que esta declaró inadmisible, Bolivia ha planteado reiteradamente su demanda marítima ante organizaciones y en foros internacionales; así como en distintos momentos ha sostenido intercambio de planteamientos diplomáticos y negociación directamente con Chile.

En la demanda planteada a la Corte, Bolivia requirió esta vez que „juzgue y declare que: a) Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia en orden a alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso completamente soberano al Océano Pacífico; b) Chile ha violado dicha obligación; c) Chile debe cumplir dicha obligación (…) dentro de un tiempo razonable y en forma efectiva, para conceder a Bolivia un acceso completamente soberano al Océano Pacifico.“

Chile presentó entonces una objeción preliminar sobre la competencia de la Corte para acoger la demanda de Bolivia, basándose en que la delimitación de fronteras entre ambos países quedó resuelta por el Tratado de 1904, y que el Pacto de Bogotá, suscrito en 1948, por el que se reconoce jurisdicción a la Corte, excluye que pudiera aplicarse „a los asuntos ya resueltos (…) o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”.

La Corte desestimó la objeción planteada por Chile y se declaró competente para resolver la demanda; pero precisó a la vez: a) en términos que cita de la aclaración de Bolivia, „que no existe una disputa respecto de la validez del Tratado de Paz de 1904 y que no busca la revisión o anulación de ese Tratado en este juicio (…) la supuesta obligación de negociar existe de manera independiente de, y en paralelo a, el Tratado de Paz de 1904″; y b) en términos de la propia Corte: „Incluso asumiendo arguendo que la Corte decidiera que existe esa obligación, no sería tarea de la Corte predeterminar el resultado de cualquier negociación que tuviese lugar como consecuencia de esa obligación.“

Resuelta por la Corte la objeción preliminar, el juicio siguió su curso con la secuencia de Memoria, Contra Memoria, Réplica, Dúplica, y las correspondientes alegaciones orales.

Bolivia fundamenta su argumentación de que existe una obligación de negociar su acceso soberano al mar, y de que Chile habría incumplido tal obligación, en “acuerdos, práctica diplomática y una serie de declaraciones atribuibles a los más altos representantes (de Chile)”.

En numerosas ocasiones hubo en efecto tratativas directas sobre el requerimiento de la parte boliviana, y aún proposiciones de acuerdo que sin embargo no fructificaron; al tenor de un documento remitido hace años por Chile a Bolivia: „a la vez que preservando la situación jurídica establecida por el Tratado de Paz de 1904, Chile siempre ha estado dispuesto a considerar en negociaciones directas (…) la posibilidad de satisfacer tanto las aspiraciones de Bolivia como sus intereses propios (…) el Tratado (…) sólo puede modificarse mediante un acuerdo directo entre las partes“; y sostiene que no existe fundamento jurídico para la actual demanda boliviana, porque nunca ha asumido la obligación de negociar, ni en un tratado ni en declaraciones unilaterales, ni tampoco se puede afirmar que por los intercambios diplomáticos con Bolivia haya surgido una obligación jurídica.

                La Corte puede haber fallado ayer a favor de la demanda de Bolivia; por el contrario, dado la razón a Chile; o haber promulgado una sentencia de matices intermedios, que podría ir desde instar a las partes a atenerse a la Carta de Naciones Unidas („Las partes en una controversia (…) tratarán de buscarle solución, ante todo (por) medios pacíficos de su elección“, art. 33), hasta señalar determinados alcances sobre la negociación.

En cualquier caso, en la medida que se trata de la eventual modificación de un tratado internacional, la efectiva resolución de la demanda marítima de Bolivia no puede provenir sino de un acuerdo entre las partes, que podría facilitar la integración con conveniencias para ambos países, pero requiere condiciones de estabilidad, altura, responsabilidad y mesura políticas que no pueden dictaminarse, y en cuya ausencia el diferendo histórico se seguirá prolongando.

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